Introducción:
En 1985, el país sufrió una crisis económica devastadora, tanto que el Estado se declaró en bancarrota y no pagó la deuda externa durante esa época. La crisis financiera fue soterrada por el gobierno y agravada por la corrupción generalizada dejando un hueco de US $900 millones (Europaperu, 2018, párr. 16). El mandato de cinco años de Alan García acabó en 1990, dejando como herencia la situación mencionada con anterioridad. La economía iba mal, la violencia se intensificó, el narcotráfico, entre otros más. Luego de ello, Alberto Fujimori apareció en escena siendo un desconocido de la política cuando llegó al poder en 1990. Se presentó como un «hombre común» frente a Mario Vargas Llosa que, al contrario, tenía la imagen de un peruano pudiente. En 1995 salieron a la luz unos vídeos que involucraron a Vladimiro Montesinos, ex director del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú y su asesor presidencial de ese tiempo, revelando en estos la práctica sistemática de la corrupción por el SIN y por el jefe de Estado. Posteriormente en 2001 se organizaron elecciones generales; no obstante, desistió de participar, se refugió en Japón y anunció su renuncia la cual fue ignorada por el Congreso que prefería despedirlo y así poder privarle de sus derechos civiles (Europaperu, 2018, párr. 32). De acuerdo con lo anterior, la corrupción es el mal uso del poder político burocrático por parte de los funcionarios coludidos con mezquinos intereses privados (Diez & Quiroz, 2013, p. 38). Desde un punto de vista internacional, Elías Antonio Saca se convirtió en el primer expresidente de El Salvador condenado por corrupción. Este fue sentenciado a 10 años de prisión por el desvío y lavado de más de US $300 millones de fondos estatales (BBC, 2018, párr. 2). Así como él, se han suscitado distintos casos en el mundo como, por ejemplo, en Brasil. La sucesora de Luis Ignacio Lula de Silva, Dilma Vara Rousseff, también fue acusada de corrupción durante su mandato. En ese momento tomó el cargo en 2010 y fue reelegida 4 años después. No obstante, en el primer año de su segundo mandato, las cosas comenzaron a deteriorarse. El Congreso inició un largo proceso de juicio político con presuntos delitos de "responsabilidad". La acusación central en su contra fue que violó normas fiscales, ocultando así el déficit de su mandato (BBC, 2018, párr.13). Por lo tanto, fue destituida como presidenta de Brasil. Así como ellos en nuestro país, también se han presentado casos similares. A nivel nacional, durante las elecciones del 2001, Alejandro Toledo fue elegido presidente del Perú. Durante su mandato despertó esperanza en el pueblo, debido a que su elección se dio en un marco democrático tras una década de autoritarismo. En medio de su mandato se vio involucrado en el caso Odebrecht, una constructora brasileña que financiaba campañas electorales de candidatos presidenciales en Sudamérica a cambio de beneficiarse con licitaciones en obras públicas. Investigaciones determinaron que pagó 20 millones de dólares en sobornos a su gobierno. En febrero del 2007, se ordenó su captura y 18 meses de prisión preventiva, pero Toledo burló a las autoridades peruanas y estuvo prófugo de la justicia durante 2 años con 5 meses hasta que fue detenido en California. Por otro lado, Ollanta Humala, quien asumió el cargo de presidente entre 2011 y 2016, también se vio involucrado en el caso de Odebrecht, en la que fue acusado de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Él y Nadine Heredia, la primera dama, estuvieron en prisión preventiva durante 9 meses entre el 2017 y 2018 (Gómez, 2022, párrs. 5,7). Asimismo, el expresidente Pedro Castillo, durante su mandato fue acusado y encarcelado por liderar una organización criminal en el seno de su gobierno (Olmo, 2022, p. 1). Así como aquellos presidentes corruptos, se han presentado diferentes casos a nivel nacional. En el Perú, existen diversos puntos de vista generando controversia. La corrupción en el Perú es un gran problema generado por la existencia de grandes cargos que constan con una participación importante en las actividades económicas de los gobiernos, y en él se presencia de una burocracia gigantesca con altos poderes de discrecionalidad además de un tratamiento patrimonialista del Estado. De manera lamentable, estos malos actos son posibles gracias a los bajos niveles de desarrollo en el país (Arias, 2010, p. 23). Preocupación e incertidumbre, esos son los sentimientos que genera el análisis de las políticas de lucha contra la corrupción durante el 2009 y 2010. Debido a que cuando se ha querido enfrentar el problema se lo ha hecho muy mal, con medidas efectistas y populistas, como la creación de comisiones o sencillamente no se ha trabajado en relación con este inconveniente. Ante la pregunta, ¿que se ha hecho en la lucha contra la corrupción desde la judicatura?, la respuesta ya es conocida. Y al averiguar, ¿qué ha hecho el Gobierno para solucionar este crucial problema? La respuesta es más devastadora aún, pues pese al tan anunciado Plan Nacional de la Lucha contra la Corrupción impulsado a fines del 2008 por el ex premier Yehide Simón, el cual jamás se aprobó por norma alguna, no tenemos nada concreto (Ramírez, 2010, p.42). Aunque con el paso de los años se han presentado varios intentos de liberarnos de la corrupción, se puede decir que es una batalla perdida puesto que, varios funcionarios del gobierno de Fujimori que han sido sentenciados por corrupción no han pagado la mayoría de sus deudas por reparación civil con el Estado Peruano. Por ejemplo, Montesinos solo ha pagado una pequeña parte de los más de 548 millones de soles que debe. Está situación demuestra la falta de capacidad del Estado. Otro ejemplo es José Villanueva quien de los 34 millones 610 mil 225 soles que debe, solo ha pagado 686 millones de soles (Wayka, 2019, párrs. 1,4). Y esto no es todo, pues en 2022, el Tribunal Constitucional deroga la Ley N° 30717 aprobada en 2017 que impedía a personas acusadas o condenadas por delitos como corrupción, terrorismo o narcotráfico postularse a cargos públicos. Está ley había sido criticada por no permitir el borrón y cuenta nueva, también por limitar el acceso a la administración pública de personas que podrían estar rehabilitadas. Sin embargo, hubo condenados que no estuvieron de acuerdo y reclamaron para que la ley sea declarada inconstitucional (Enfoque Derecho, 2022, párr. 1). De acuerdo con lo anterior surge la pregunta controversial: ¿estás de acuerdo con las medidas tomadas por el Gobierno ante la corrupción en el Perú? Se considera que las medidas tomadas por las autoridades están mostrando resultados positivos antes los casos de corrupción de funcionarios en el Perú. A continuación, se presentarán los argumentos que sustentan esta postura como la identificación de los implicados en el acto de corrupción, incautación de bienes inmuebles de los implicados, allanamiento de domicilios de los implicados, aprobación de Decretos para beneficio de la población ante la corrupción y pena privativa de la libertad.
Argumentos:
En primer lugar, se considera que el Estado Peruano ha actuado de manera correcta ante los casos de corrupción porque identifica a los implicados. Por una parte, las autoridades han encontrado a los responsables de estos actos tales como Félix Moreno y Juan Sotomayor, entre otros funcionarios. (Ministerio Público, 2022, párr.5) Sobre el primer mencionado fue condenado por 4 años de pena privativa de libertad por la malversación de fondos de un aproximado de 17 millones de soles cuando cumplía su rol como gobernador de la Región Callao. En la resolución de su caso, el sentenciado deberá pagar la suma de 100 mil soles como reparación civil, puesto que el Ministerio Público demostró con investigaciones posteriores que el funcionario dio un fin distinto al fondo monetario recaudado con el proyecto especial Pachacútec. (Gob.pe, 2022, párrs.1,2) En el segundo caso, el Poder Judicial determinó 30 meses de detención preventiva contra el exalcalde por los presuntos delitos de organización criminal y el soborno activo general en las reclamaciones estatales. Según la hipótesis de la fiscalía, la organización delictiva de 19 personas entre ellos funcionarios, alcaldes, etc. Habrían estado cantando personal para el contrato de "trabajadores fantasmas". (La República, 2023, párrs. 1,2) Por otro lado, identificaron a los implicados en el caso de Odebrecht, siendo un aproximado de 42 personas que están en proceso judicial. (La República, 2021, párr.2) La fiscal Mural Altamirano sostiene que Oswaldo Plasencia (exdirector ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico) fue nombrado como la persona a cargo de firmar las licitaciones tanto en el tramo 1 y 2 del proyecto tren eléctrico. Siendo estás las adendas que servían para pagar a Odebrecht. En el 2018, el fiscal José Domingo Pérez amplió la investigación inicial contra Alan García, al que acusa de lavado de activos y concierto para delinquir agravado. (Barboza, 2019, párr. 3)
En segundo lugar, el Estado Peruano ha actuado de manera correcta ante los casos de corrupción, ya que han incautado bienes inmuebles de los implicados en la malversación de bienes públicos. Por un lado, el Primer Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo del fiscal provincial José Domingo Pérez, realizó una diligencia de incautación de bienes inmuebles de la persona jurídica AREYNS DEL MAR S.A.C., vinculado a Gonzalo Monteverde Bussalleu. (Gob.pe, 2022, párr. 1) Los representantes del Ministerio Público se trasladaron a un inmueble situado en la avenida Santa María 110, en la comuna de Santa María del Mar (departamento 301 y estacionamiento), el cual posteriormente será entregado a funcionarios del Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) para su administración. Asimismo, se incautaron otras propiedades del empresario prófugo Monteverde como dos en la calle Ramón Ribeyro N° 883 y N° 887, y uno en la Av. 28 de Julio N° 1301 (Gestión, 2022, párr. 3). Por otro lado, los bienes de Joaquín Ramírez, exsecretario de Fuerza Popular y actual alcalde de Cajamarca, fueron incautados por funcionarios del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú en un operativo como parte de una investigación relacionada con presuntos delitos de lavado de activos, fraude y evasión tributaria. (Romero, 2023, párr. 2) A su vez, se demostró que el clan Ramírez lavó bienes por más de S/. 1000 millones a través de Alas Peruanas y la red de Orellana. Tal es el caso que el Estado decomisó 203 inmuebles, de las cuales 108 se encontraban en Lima; 7 aviones y 1 simulador de vuelo (Crónicaviva.com, 2023, párr. 4).
En tercer lugar, el gobierno peruano ha actuado apropiadamente ante los incidentes concurrentes que se vienen presentando actualmente en el Perú, ya que han allanado el domicilio de los implicados en actos ilegales. A causa de esta tormenta de corrupción, el Estado peruano actuó de manera positiva ante caso de inmoralidad, puesto que allanó la residencia de los involucrados como David Rojas, alcalde del distrito de San Luis, incluso también, fue incautado Aníbal Torres, quien ejercía el cargo de Jefe de Gabinete Ministerial (Ministerio Público, 2020, párr. 1). Definitivamente esta problemática afecta a la población y favorece a los vinculados en estos actos ilícitos, debido que se enriquecen de manera ilícita para su patrimonio. En el Caso Ricardo Rojas que estuvo comprometido en el allanamiento de 12 propiedades. Donde Agentes de la División de Investigación de Delitos, con apoyo de la fiscalía detuvieron al implicado presidente de la junta de Fiscales provinciales de Lima Sur, a quien se le atribuye haber recibido sobornos a cambio de archivar investigaciones. Por ejemplo, una de las investigaciones archivadas habría sido a favor de una integrante de la organización criminal ‘’Los secos del sur’’, dedicada a tráfico de terrenos, extorsión y sicariato en Pachacamac durante el 2016. (Gestión, 2022, párr. 1)
En cuarto lugar, el Estado Peruano ha actuado de manera correcta antes los casos de corrupción, puesto que lograron aprobar de manera adecuada decretos para beneficio de la población. El gobierno oficializó mediante el decreto de urgencia N° 021-2022 la devolución del 40% del pago de peajes a los transportistas en particular empresarios de flotas reducidas. Del poder Ejecutivo anunció la decisión a todos los representantes de buques de carga pesada en la sede del Ministerio de Transporte. Asimismo, en la reunión organizada por la alta comisión técnica ejecutiva, se destacó la determinación del gobierno para cumplir los acuerdos suscritos en Arequipa y Lima. La autoridad de Lima y Callao anunció que se devolvió más de 329, 000 subsidios de peajes, además las empresas que cumplieron con los requisitos y presentidas solicitudes de manera correcta a través de su plataforma virtual. (Gob.pe, 2022, párr. 1) Además, la normativa modifica el código penal, en él está establecido que serán sancionados aquellos socios, accionistas o administradores que obtenga ventajas económicas inapropiadas puedan establecer alianzas ilícitas y perjudique la libre competencia comercial y las sociedades de su propiedad. De igual manera, el Ministerio Público gestionó la primera Fiscalía Superior del Estado, especialmente dedicado a la corrupción de funcionarios todo esto a pedido del fiscal César Zanabria y de fiscal anticorrupción, se le conmuta por cuatros años por el delito incompatible de negociación oficina temporal. (Gob.pe, 2018, párr. 1)
En quinto lugar, el Estado peruano ha actuado de manera correcta ante los casos de corrupción, dado que sentencian con pena privativa de libertad a los implicados ante estos actos. Por una parte, entre los casos emblemáticos acontecidos en 2021 destacan la sentencia contra el ex gobernador regional de Apurímac, Elías Segovia Ruíz, quien fue condenado con pena privativa de libertad. (Gob.pe, 2022, párr. 8) De acuerdo a esta sentencia, se dice que la ex agencia fue culpable de malversación grave y manipulación ideológica mientras estuvo en el poder de 2010 a 2014, y donde se encontraron implicados a otros funcionarios como Giovanni Tohalino Riveros (exadministrador de Gobierno Regional de Apurímac), Robinson Palacios Moreano (Gerente regional de infraestructura del Gobierno Regional de Apurímac), Edison Zegarra Vivanco (Ingeniero Jefe Adjunto) y Miguel Ángel Valenzuela Rodríguez. (El Comercio, 2020, párr. 2) A su vez, Robinson Palacios Moreano, Edison Zegarra Vivanco y Miguel Ángel Valenzuela Rodríguez fueron condenados a 8 años de pena privativa de libertad; y Elías Segovia Ruíz, a 12 años. Por otra parte, el expresidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, está siendo investigado por recibir pagos de Odebrecht. (La República, 2022, párr. 10) El expresidente es acusado de ayudar a la empresa brasileña, Odebrecht, a ganar los contratos de la construcción de la Carretera Transoceánica Perú-Brasil y el proyecto de irrigación hidroeléctrica Olmos en el norte del país cuando era ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) a través de las empresas First Capital y Westfield Capital. (Caretas, 2023, párr. 4) Además, debido a las investigaciones, Kuczynski fue condenado a 36 meses de arresto domiciliario en su vivienda en San Isidro, aunque fue impuesto a comparecencia con restricciones por el juez Jorge Chávez Tamariz. (Gestión, 2022, párr. 1).
Conclusión:
En conclusión, se considera que el Estado Peruano ha actuado de manera correcta ante los casos de corrupción puesto a que en primer lugar el Estado Peruano ha actuado de manera pertinente porque identifica a los implicados; en segundo lugar, han incautado bienes inmuebles de los involucrados ante la malversación de fondos de bienes públicos; en tercer lugar, se ha registrado los domicilios de los participantes en casos de corrupción; en cuarto lugar, se establecieron decretos para beneficio a futuro de la población y para finalizar, se sentencia con pena privativa de libertad a los comprometidos. A pesar de los avances que el Estado ha logrado en la gestión de los casos de corrupción en todo el país, es preocupante que estos avances no muestran los resultados esperados. Es lamentable que Perú, siendo un país con vastos recursos y una gran historia ancestral, haya experimentado tal deterioro. Por lo tanto, se plantean las siguientes sugerencias. Se debería poner requisitos explícitos, hacer pruebas de conocimiento e investigar su historial a fondo de los futuros candidatos para que no cualquier persona pueda ser candidato. Al momento de hacer una incautación los fiscales, deberían grabar desde que se hace el operativo y al final hacer al mismo instante un documento exclusivo para que los implicados no sobornen a la justicia. En cuanto al allanamiento, ni bien tengan la orden deberían actuar, para que en el operativo no haya tiempo de escapar. Es necesario pedir informes semanales anexando específicamente todo para ver si realmente se debería subir el peaje o hay corrupción y, en caso de lo último, retirarlo del cargo inmediatamente. Quienes han sido acusados o investigados por corrupción deberían ser penados con “muerte civil”.
Referencias:
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